Multas testimoniales

Fuente: adslayuda

Estos días se habla mucho de que la Audiencia Nacional ha anulado la que, históricamente, fue la mayor multa a una operadora de telefonía en nuestro país. La impuso el Tribunal de Defensa de la Competencia y la compañía sancionada fue Telefónica, por su campaña "Los planes Claros", en 2004, como consecuencia de una denuncia presentada, en 2002, por la asociación de operadoras alternativas Astel.

En aquellos tiempos se liberalizaba la telefonía fija y la lucha era por obtener clientes con preselección, que las llamadas de voz fuesen por otra compañía sin tener que marcar ningún prefijo antes. Luego el escenario, cuando el ADSL y los servicios empaquetados en ella se extendieron, fue cambiando, y Telefónica continuó, periódicamente, recibiendo multas. Pero no nos interesan estas sanciones más que indirectamente, para hacernos una idea general de este aspecto nos basta saber que, hasta ahora, la principal operadora española ha tenido que pagar solo un 9 % del total. Centremosnos de las multas generadas en el negocio de los accesos a Internet y olvidemos las originadas por las llamadas de voz.

Las sanciones impuestas por la CMT a Telefónica han sido el medio de propaganda, y de paso para dar imagen victimista de buena voluntad hacia el cliente, por alguna empresa del sector, y la estrategia de "nosotros queremos que tu hasta 20 vaya a 30 por lo menos pero Telefónica nos sabotea" ha tenido más o menos éxito, según la madurez y conocimientos del sujeto paciente al que se le ofrece este argumento. En contra de esta propaganda Telefónica siempre ha seguido la política de hablar poco y hacer mucho. El resultado para sus arcas es similar al caso de las sanciones del TDC, hasta ahora las instancias superiores de justicia han confirmado 2.7 millones de euros y han anulado 3.5. De las pendientes, siete, una de ellas ya ha sido rebajada por la Audiencia y se encuentra en el Supremo.

O en este país sale barato saltarse a la torera las reglas del juego, cosa que dudamos dado que estamos hablando no de decisiones de juzgados de barrio, sino de resoluciones de los más altos organismos de justicia del estado, o hay quien multa por multar, buscando solo la repercusión mediática y propagandística del hecho.